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En el comunicado publicado este jueves, el Gobierno sostiene que con el incremento se "favorece la creación de 2,4 millones de empleos y la formalización de 500 mil puestos de trabajo, acorde con las metas establecidas" por la administración Santos.
Y agrega: "Este ajuste busca hacer realidad dos de los objetivos fundamentales del Gobierno: la reducción de pobreza y la generación de oportunidades de trabajo formal para todos".
Tarsicio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se declaródecepcionado por las medidas tomadas por el Gobierno y precisó que el decreto ratifica la pobreza de los colombianos.
“El 3,4 por ciento no es un aumento coherente con las alzas en educación, alimentos, gasolina dentro de la canasta familiar del ciudadano promedio. Estas medidas son una prueba de que las mesas de concertación en Colombia no sirven para nada. Se necesita una ley de políticas salariales que pueda acabar con las grandes diferencias que hay actualmente”, señaló Mora.
El Gobierno intentó de esta forma zanjar las enormes diferencias entre empresarios y sindicatos que llevaron por quinto año consecutivo al fracaso de la Comisión Permanente de Concertación de Asuntos Laborales y Salariales, pero manteniendo “una responsabilidad fiscal”, como lo expresó el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.
Mientras los empresarios expresaron que un aumento superior al 3 por ciento sería exagerado, las centrales obreras, y por primera vez en estas negociaciones, llegaron con sus porcentajes de aumento por aparte, y no una sola postura de discusión, como en el pasado. La Confederación General de Trabajadores, CGT, pidió inicialmente un 7,7 por ciento y luego se bajó a 6 por ciento, postura secundada por la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC.
El punto de discordia lo trajo la CUT, que llegó a la mesa el primero de diciembre con un 8 por ciento, y luego de los primeros careos con el Gobierno lo elevó a un 12 por ciento, postura que nunca fue acogida ni por sus propios colegas sindicales.
Luego del fracaso de las negociaciones, el Gobierno quedó en libertad de finar el decreto, como lo determinan las normas.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry indicó que el aumento no pasaría el 4 por ciento, ante la insistencia del vicepresidente Angelino Garzón de incrementar el mínimo más allá del 3 por ciento estimado.
Esta cifra se adoptó por los estimativos del Banco de la República en el sentido de que la inflación en 2010 cerrará entre 2,6 y 2,8 por ciento. Si a esto se le suman algunos puntos de productividad, el mínimo no podría sobrepasar el 3 por ciento.
Ante el aumento de 3,4 por ciento el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez ratificó el rechazo a este incremento, e indicó que “se confirma la afrenta que el Gobierno del presidente Santos le hace a los trabajadores colombianos”.
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