Ayer en la mañana el gobierno radicó en la Cámara de Representantes la reforma política que varios partidos esperaban. Y aunque genera algunos incentivos políticos, no es tan profunda como se anunciaba.

El documento radicado no menciona casi ninguno de los temas que habían despertado polémica en los medios: no habla del voto preferente, no obliga a los partidos a conformar listas cerradas ni cambia las circunscripciones electorales para elecciones al Senado. En realidad es una reglamentación a la reforma política aprobada el año pasado en el Congreso y presentada en el segundo período del expresidente Uribe.

La reforma fue presentada como ley estaturaria, y no como reforma constitucional para que alcanzara a aplicarse en las elecciones regionales del próximo año. Una ley estatutaria sólo necesita cuatro debates en las Comisiones Primera de Cámara y Senado, durante una legislatura, y no ocho discusiones en dos legislaturas, como lo obligaría una reforma constitucional.

Si pasa el proyecto sin problema por el Congreso y es aprobado por la Corte Constitucional, estas serán cinco reglas de juego para las elecciones locales y regionales en octubre del 2011.

1. La financiación
La financiación de los partidos continúa siendo mixta. Es decir, los partidos pueden seguirse financiando con donaciones de personas jurídicas, créditos, dineros recaudados en eventos políticos y financiación estatal. La Corte Constitucional prohibió en el 2006 que las campañas políticas fueran financiadas por empresas privadas. Pero dada la falta de legislación unificada sobre este tema, las campañas trataban de sacarle el quite a las restricciones impuestas por la Corte, y se financiaban con donaciones de empresas al partido. Con la ley, los partidos no podrán seguir recibiendo estas donaciones. Y en su presupuesto, deben destinar obligatoriamente el 15% de sus recursos a cursos de formación y capacitación política en sus centros de pensamiento.


La nueva ley regula qué porcentaje de los dineros del Estado destinados para financiar las campañas políticas recibe cada partido. Y según lo propuesto, se beneficiarán más los partidos grandes como La U, los conservadores y los liberales, que los verdes o el Polo. La ley establece que el 45 por ciento de estos recursos se repartirán en proporción al número de curules obtenidas en la última elección al Congreso de la República, y el 20 por ciento en proporción al número de curules obtenidas en concejos municipales. La coalición del gobierno, donde están los partidos más fuertes, cuenta en este momento con 60 por ciento de los concejales y 70 por ciento de los congresistas.


Esta, como las últimas reformas políticas buscan premiar a los partidos grandes, en este caso La U, conservadores y liberales. La idea con este tipo de incentivos económicos es que los partidos pequeños decidan aliarse para conseguir más financiación del Estado. Pero es poco probable que algún día el Polo decida unirse con un partido como el Mira, o viceversa, para recibir más recursos.


Con respecto a los anticipos que da el gobierno para las campañas, la idea es que haya un principio de igualdad para todas las elecciones uninominales, es decir aquellas donde el cargo a ocupar solo es uno, como en las elecciones a alcaldes o gobernadores. Ahora solo pueden tener un anticipo del Fondo de Campañas los candidatos a la Presidencia. Si se aprueba esta ley, podrán tenerlo también alcaldes y gobernadores.

Y aunque no se obliga a los partidos a tener listas cerradas, también habrá un incentivo económico para que los partidos presenten listas al Congreso de partido y no con voto preferente: "Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un cincuenta por ciento (50%) de anticipo de la financiación Estatal de las consultas o de las campañas electorales en las que participen. Cuando se trate de listas cerradas el anticipo podrá ser hasta del ochenta por ciento (80% ciento) de dicha financiación".
2. La reglamentación de las consultas
Las consultas populares de los partidos para elegir a sus candidatos serán de ahora en adelante el mismo día. Es decir que no podría pasar como en las elecciones pasadas, donde el Partido Liberal y el Polo escogieron a sus candidatos presidenciales en Septiembre del 2009, y los verdes y azules lo hicieron el día de las elecciones legislativas de este año. Todas serán en la misma fecha.

En cuanto a las consultas internas de los partidos, las organizaciones electorales estarán obligadas a suministrarles tarjetas electorales, puestos de votación y la realización del escrutinio. También llevarán un censo de las consultas de los respectivos partidos que decidan escoger a sus candidatos a puerta cerrada.

Este reforma trae dos beneficios. Primero, para las consultas populares, disminuirían los votos negativos. Impediría situaciones como las ocurridas en las pasadas elecciones en las que liberales votaron en la consulta azul por Noemí Sanín, para que le ganara a Andrés Felipe Arias, aunque su voto el día de las presidenciales iba a ser por Pardo, para citar un ejemplo.

El segundo beneficio es que permite que la Registraduría lleve un censo de las elecciones internas del partido, lo cual permitirá conocer su verdadero número de afialiados activos y hacer más confiable el proceso de elección partidista al mostrar que si funciona allí una democracia interna.
3. El voto electrónico
El proyecto de Ley presentado por el Gobierno establece que para las próximas elecciones podría votarse en todo el país por medio del voto electrónico. Según la ley 892 del 2004, este año debía haberse implementado para las elecciones pasadas. Pero no será una tarea fácil.

Primero debe implementarse una identificación biométrica de los electores, que puede hacerse por medio de las huellas que todo ciudadano inscribió en la Registraduría en el momento de sacar su cédula. Para su implementación, y la adjudicación del contrato a la compañía que deberá encargarse de este avance tecnológico, se conformará una Comisión Asesora integrada por el Registrador, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda, el director de Planeación y un delegado de un partido de oposición con mayor representación en el Congreso y que no tenga representación en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, un delegado del Polo.

El mayor beneficio que puede conseguirse en este punto es la agilidad electoral, lo cual fue uno de los principales problemas en las elecciones pasadas al Congreso. A las 12 de la noche, aún no se conocía el 100 por ciento de las mesas escrutadas. Pero para algunos analistas consultados por La Silla Vacía habría un obstáculo en este punto. La adjudicación de este contrato debe hacerse lo más rápido posible si se quiere implementar para las próximas elecciones, lo cuál implicaría un proceso de licitación muy apresurado precisamente en una área que exige la mayor transparencia.
4. Las sanciones a los partidos
Serán sancionados todos los partidos que inscriban en sus listas aquellos que incurran en “delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico”.


Las sanción la definirá el Consejo de Estado y se aplicaría no solo al funcionario sino al partido. Dependiendo del fallo del Consejo, el partido se vería obligado a pagar una multa, no podría recibir dineros del Estado para futuras campañas electorales, o podría incluso perder su personería jurídica.

Este artículo no implicará la muerte política instantánea de todos los partidos que tengan en sus filas a políticos involucrados en escándalos de corrupción o parapolítica. Pero si genera los incentivos necesarios para que la vigilancia dentro del partido sea más fuerte, ya que si no cuidan sus avales todos terminan pagando.
5. Las consultas interpartidistas
Para las próximas elecciones locales, la ley radicada ayer abre la posibilidad de que partidos puedan inscribir candidatos de coalición a cargos uninominales, es decir a cargos como alcaldes o gobernadores. Previamente los partidos deben acordar el número de precandidatos que cada uno podrá presentar para la consulta interna o popular, si permiten la participación de candidatos independientes, los símbolos que utilizarán en campaña o el programa que someterá el candidato seleccionado.

En este caso, el incentivo para que los partidos que son minorías se alíen es mucho más fuerte. En los lugares donde dominan los partidos grandes, los pequeños pueden unirse y competir en igualdad de condiciones contra los pesos pesados de su región. Para los que creían hasta ahora que tenían todo perdido para octubre 2011, las coaliciones interpartidistas se ven ahora como la esperanza para llegar al poder.

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